Consecuencias legales o deportación
Es común que las víctimas de la trata de personas teman posibles consecuencias legales, como la deportación, si denuncian el delito ante las autoridades. En este sentido, cabe señalar que la Unión Europea ha establecido medidas específicas para evitar el retorno de las víctimas de delitos, especialmente en casos de trata. Estas medidas existen para proteger la integridad, la seguridad y la dignidad de las víctimas.
En primer lugar, existe una prohibición de retorno cuando hay peligro: el derecho europeo establece que nadie puede ser devuelto a un país donde esté en peligro. Esto se aplica cuando:
• Existe riesgo de ser objeto de nueva trata
• Existe temor a represalias por parte del autor del delito
• El país de origen/residencia legal no puede proporcionar protección
En estos casos, las víctimas no pueden ser deportadas.
En segundo lugar, cuando una autoridad u organización detecta indicios de trata de seres humanos, debe: garantizar los derechos de la víctima por encima de su situación administrativa irregular en el país, suspender cualquier procedimiento de expulsión e informarle/remitirla a recursos/servicios especializados de atención y protección. La detección de indicios es clave para evitar el retorno.
En tercer lugar, cuando existen indicios de trata, existe un derecho a un período de recuperación y reflexión, cuyo objetivo es garantizar un lugar seguro, facilitar la recuperación y proporcionar información adecuada para tomar una decisión informada sobre qué hacer. Durante este tiempo, la deportación/retorno al país de origen/residencia legal no es posible.
En última instancia, dependiendo de cada país de la UE, existen permisos de residencia especiales para las víctimas de la trata. Este permiso suspende cualquier orden de expulsión, autoriza la residencia legal y da acceso a asistencia y protección.
En los casos en que el retorno al país de origen o de residencia legal suponga un peligro para la seguridad de la víctima, es posible solicitar protección internacional, lo que garantizará el principio de no devolución desde el momento de la solicitud hasta que se tome una decisión. En estos casos, las autoridades escucharán y evaluarán cada caso de forma individual, teniendo en cuenta la situación personal de cada persona.
