Integración y derechos laborales

• Todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a permanecer en el territorio de los Estados miembros hasta tres meses, siempre que dispongan de un pasaporte o documento de identidad válido, sujeto a determinadas limitaciones y condiciones.
• Todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a residir en cualquier lugar de la UE si tienen un contrato de trabajo válido o están estudiando en una institución educativa acreditada y cuentan con un seguro de enfermedad completo (o recursos suficientes para garantizar que ni ellos ni sus familiares se conviertan en una carga para el sistema de seguridad social del Estado de acogida), o si son familiares de una persona que cumple alguna de estas condiciones.
• Todo ciudadano de la UE tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y continua.
• Todo ciudadano de la UE tiene derecho a ejercer libremente una profesión y a trabajar en cualquier Estado miembro (con ciertas restricciones); los nacionales de terceros países autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a condiciones laborales equivalentes a las de los ciudadanos de la UE.
• Todo trabajador tiene derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas que respeten su salud, seguridad y dignidad, a una jornada laboral máxima, a períodos diarios y semanales de descanso y a un período de vacaciones anuales.

Los Estados miembros deben definir las normas según las cuales las víctimas que sean nacionales de terceros países y tengan un permiso de residencia tendrán acceso al mercado laboral, a la formación profesional y a la educación durante la validez de dicho permiso.

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  Las víctimas que sean nacionales de terceros países deben tener acceso a los programas o sistemas existentes destinados a ayudarles a retomar una vida normal, incluidos, cuando proceda, cursos destinados a mejorar sus competencias profesionales o a prepararse para un retorno asistido a su país de origen.
• Las víctimas que sean nacionales de terceros países deben gozar de igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro en el que residen en lo que respecta a las condiciones de trabajo, incluidas las condiciones de remuneración y despido y la seguridad y salud en el trabajo, así como en materia de libertad de asociación, educación y formación profesional, reconocimiento de diplomas, certificados y otras cualificaciones profesionales de conformidad con los procedimientos nacionales aplicables, ramas de la seguridad social, ventajas fiscales, acceso a bienes y servicios y adquisición de bienes y servicios ofrecidos al público, incluidos los procedimientos de acceso a la vivienda establecidos por la legislación nacional.
• Una víctima nacional de un tercer país que se encuentre en situación de residencia irregular tiene derecho a presentar una denuncia contra su empleador, ya sea directamente o a través de terceros como sindicatos o asociaciones.
• Los nacionales de terceros países que sean víctimas de trata y se encuentren en situación irregular tienen derecho a reclamar cualquier remuneración pendiente (salario) a su empleador, incluso después de regresar a su país de origen. Las víctimas deben ser informadas de manera sistemática y objetiva de sus derechos antes de que se ejecute una decisión de retorno.
• El importe de la remuneración debe corresponder, como mínimo, al salario establecido en la legislación sobre salario mínimo, en los convenios colectivos o de acuerdo con la práctica establecida en el sector correspondiente, salvo que las partes demuestren lo contrario.
• Una víctima nacional de un tercer país que se encuentre en situación de residencia irregular puede denunciar a su empleador y, una vez finalizado el procedimiento correspondiente, ejecutar la sentencia relativa a las remuneraciones pendientes.