El acceso a la justicia es un derecho fundamental de las víctimas de la trata de seres humanos y un elemento esencial para garantizar su protección efectiva, la reparación del daño y la no repetición.
Para las víctimas de la trata de seres humanos, el acceso a la justicia significa:
- Poder denunciar los hechos sin miedo
- Tener un acceso real y efectivo a los tribunales
- Participar en los procedimientos penales
- Recibir asistencia jurídica gratuita
- Obtener reparación e indemnización
- Estar protegidas frente a represalias y la revictimización
No se trata solo de un acceso formal a un juez, sino de un acceso efectivo adaptado a su situación de vulnerabilidad.
Las víctimas de delitos tienen una serie de derechos reconocidos en toda la Unión Europea, establecidos en la Directiva 2012/29/UE, que sin duda ha supuesto un avance significativo en materia de protección.
Los Estados miembros deben garantizar los derechos reconocidos a las víctimas de la trata de seres humanos y adoptar medidas específicas de protección. Estos derechos, derivados de la legislación europea (Directiva 2011/36/UE y el Convenio del Consejo de Europa), son fundamentales para la recuperación y la reparación e incluyen:
- Derecho a recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente de forma comprensible y adaptada a sus circunstancias
- Derecho a recibir asistencia para la recuperación física, psicológica y social, que incluirá al menos asesoramiento e información, alojamiento adecuado y seguro, asistencia médica, psicológica y material, asesoramiento jurídico, oportunidades de educación y formación de acuerdo con la edad, el género y las necesidades específicas, y en particular teniendo en cuenta las necesidades especiales de los niños
- Derecho a una protección adecuada basada en una evaluación individual del riesgo y de sus necesidades
- Derecho a recibir asesoramiento y representación jurídica gratuitos
- Derecho a no ser detenidas, acusadas o perseguidas por infracciones de la legislación de inmigración y/o por actividades ilícitas en las que hayan estado implicadas como consecuencia directa de su situación de víctimas de la trata
- Derecho a la reparación integral del daño sufrido, incluyendo medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición
- Derecho a solicitar un permiso de residencia y trabajo en el caso de víctimas extranjeras de la trata procedentes de terceros países
- En el caso de menores víctimas de la trata, deben garantizarse medidas específicas que den prioridad al interés superior del menor y a sus circunstancias particulares
- Denunciar delitos y cooperar con el sistema de justicia es un derecho, no una obligación. En cualquier caso, el acceso a la justicia no puede depender del estatus administrativo o de residencia de la víctima.